En el mundo actual, desde una punta al otro, cada vez es más fácil ver el modo en que la justicia (entendida como institución judicial, no como valor social en este caso) y la política van de la mano. Aunque usaré en este post los ejemplos de Trump en Estados Unidos y de la judicialización de la política en España, lo cierto es que es un fenómeno que va mucho más lejos.
El punto de partida de esta historia se encuentra en la manera en que se entiende en el presente la separación de poderes o, mejor dicho, la falta de la misma. En el siglo XVII y XVIII, cuando comenzaban las teorías que llevarían a las democracias modernas, una de las preocupaciones centrales de los filósofos de la época era el que el poder no se aglutinase en unas pocas manos, en un nuevo “rey”. La idea del mandato imperativo fue un paso importante aunque luego se deshiciese y pasase a constituirse el mandato representativo; y el otro de los principios centrales era la idea de la separación de poderes, que separaba en personas diferentes el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. La realidad que encontramos, sin embargo, es que la partitocracia es el sistema real que tenemos en el mundo actual, de modo que desde uno de los poderes se controlan todos los demás. En el caso español, los miembros del Tribunal Constitucional y el Supremo son nombrados, directa o indirectamente (a través del Consejo General del Poder Judicial) por el Congreso, que a su vez elige al Presidente del Gobierno, de modo que desde el Legislativo se controlan tanto el Ejecutivo como el Judicial. E incluso el cuarto poder, la prensa, se encuentra hoy en día alineada en sus líneas editoriales con ciertos partidos, como se ve claramente en la línea de Fox News en Estados Unidos. Así, el poder no está realmente en manos de la ciudadanía (la base de la democracia) sino en la de los partidos políticos que controlan las instituciones (de ahí que sea una partitocracia).
Esto es importante para poder entender el modo en que se produce la judicialización de la política, pero también el fenómeno inverso de la politización de la justicia.
Si empezamos por la judicialización de la política, consiste en que tareas y funciones que deberían ser políticas son, en cambio, realizadas por la justicia. La magistratura pasa así a tener un rol político que en teoría no debería corresponderle, debido al papel de los altos tribunales a la hora de interpretar la legislación. Cuando el gobierno español aprobó el primer encierro debido al COVID, fue una decisión política que eventualmente la magistratura ha tirado atrás aduciendo que era ilegal. Así, basándose en las leyes existentes, la magistratura impone ciertas lecturas de la sociedad y de las políticas, con lo cual las cambian, sin haber sido nunca elegidos por la ciudadanía para realizar esa tarea.
A menudo, puede parecer que la judicialización de la política no tiene sentido. Al fin y al cabo, si los políticos controlan la judicatura, ¿por qué usarla para hacer lo que ellos ya pueden hacer desde las instituciones de gobierno? Hay diversas razones que generan distintas situaciones en que esto puede tener sentido. El primero de ellos es el diferente ritmo al que cambian los políticos y los jueces, y la relación que ello tiene con los equilibrios de poder. A menudo, la judicatura cambia con menos frecuencia que los equilibrios en las otras instituciones, de modo que puede permitir que un partido tenga un poder que las urnas ya le han retirado. Trump, por ejemplo, se esforzó mucho por conseguir que tres de los miembros del Tribunal Supremo americano fuesen conservadores y, siendo como son elegidos de por vida, esa mayoría conservadora sigue aún después de que Trump haya sido sustituido por Biden. De este modo, los políticos conservadores pueden tratar de usar a la judicatura del Supremo para intentar implantar una agenda conservadora aun cuando no tienen la mayoría en ninguna de las otras instituciones.
La segunda razón para judicializar la política estriba en el complejo, pero importante, juego de las apariencias. En la actualidad, prácticamente cualquier país del primer mundo vive en un proceso continuo de elecciones: nacionales, regionales, locales, supranacionales… Raro es el año en que no hay ningún tipo de elecciones y, aún en esos años, los políticos siguen actuando continuamente de cara a la galería, para quedar bien con sus votantes e intentar moverlos en su dirección. Por eso son tan proclives a enfrentarse unos a otros, porque en sus mentes siempre están en campaña. Usar la judicatura permite dar una imagen de firmeza y dureza que en muchas ocasiones puede ser muy bienvenida por los miembros de los electorados de algunos partidos.
Si regresamos a España y tomamos el procés como ejemplo, tenemos una situación donde dos partidos se benefician de la confrontación: los independentistas y el Partido Popular. A más confrontación, más se movilizan sus electorados y, como no pescan entre la misma gente, ambos salen beneficiados electoralmente. No negociar ni tratar de solucionar el conflicto era, así, una estrategia ganadora para ambos lados, de modo que el choque de trenes se fue volviendo cada vez más inevitable. En este caso, la postura de dureza y firmeza del PP es la que lleva a la judicialización de la política, porque al final optan por una resolución judicial al que realmente es un problema de identidad y negociación política. Lo cual solo agrava el conflicto en muchos sentidos porque no se da salida a las necesidades, sueños y deseos de la población, pero permite proyectar esa fuerza y firmeza que da rédito electoral a corto plazo, ya que cuanto más se rodeasen de la bandera y más hablasen de que se rompía España, más subía su intención de voto.
Estos dos ejemplos del modo en que se produce la judicialización de la política van en paralelo con el fenómeno contrapuesto, la politización de la justicia. En el diseño original de la separación de poderes, los tribunales del poder judicial eran una cuestión principalmente técnica: su función era hacer que se cumpliesen las leyes creadas por el poder Legislativo. Sin embargo, la realidad es que el poder judicial no es neutro, sino que sus integrantes tienen ideas y valores propios, de modo que nunca actúan meramente como uan cuestión técnica.
La razón para que esto ocurra se debe a que los tribunales, especialmente los más altos, no solo hacen cumplir la ley sino que, en muchos casos, tienen el poder y la capacidad para interpretarla. Ninguna ley es perfecta cuando se hace, normalmente tienen ambigüedades, cosas que no contemplan, interpretaciones distintas sobre las palabras escogidas, etc.; y, aún cuando ese no fuese el caso, con el paso del tiempo incluso las leyes más perfectas se van desajustando con respecto a la realidad; y aún si esa no es la situación, a menudo las ambigüedades surgen en relación con otras leyes, como cuales pesan más a la hora de juzgar un comportamiento (por ejemplo: ¿cuenta como asesinato quitarle la vida a alguien en defensa propia, o cuenta como preservar nuestra propia vida?).
Todos estos fenómenos son inevitables. Por ello se politiza la justicia, porque el modo en que se responde cada cuestión cambie según los valores del juez que tiene que interpretarlas. Si un juez es conservador, como los elegidos por Trump, probablemente se muestren reacios a leyes e interpretaciones favorables a cosas como leyes del aborto o al control de armas; en cambio, si son progresistas, lo más probable es que sean protectores de Obama Care y se muestren favorables a la expansión de los derechos de la ciudadanía. Entonces cuando un asunto es llevado ante el Tribunal Supremo norteamericano, siempre se calcula a priori de qué lado va a caer la sentencia debido a la mayoría conservadora que tiene en la actualidad, aun cuando ocasionalmente pueda ser diferente (así, Trump esperaba que el Tribunal intercediese a su favor en el caso de “el fraude de las elecciones” y no lo hicieron).
De este modo, a la hora de elegir los jueces desde las instituciones políticas, los que son escogidos para los altos tribunales no lo son en base a su trayectoria judicial (su aptitud digamos) sino por su ideología. Los partidos intentan llenar la judicatura con jueces que opinan y sienten como ellos, para que cuando les toque actuar dirimiendo los espacios grises, lo hagan a favor de su ideología e intereses. Por eso encontramos el bloqueo actual del PP a la renovación del poder judicial, igual que las luchas en Estados Unidos por los nombramientos del Supremo.
Llegados a este punto, seguro que no sorprende a nadie que diga que los dos procesos se complementan. Si tienes jueces afines en el tribunal de turno, es más fácil utilizarlos para hacer la política que quieres, y viceversa. Esto refuerza la partitocracia ya que va disminuyendo la separación real de los poderes, haciendo que jueces y políticos acaben siendo la misma cosa pero en instituciones distintas. No es un fenómeno limitado a la judicatura, aunque sea de lo que hable aquí, sino que se aplica a todas las esferas de la sociedad que caen bajo su influjo: la televisión pública siempre está liderada por alguien elegido desde el gobierno para que la transforme en su sistema publicitario propio, los sindicatos tienen cortes ideológicos afines a ciertos partidos, etc. De este modo, al cada vez dejar menos espacios independientes al aparataje de la política y los partidos, se va erosionando cualquier posibilidad de equilibrio de los distintos poderes, y más absoluto se vuelve el poder de los partidos… dañando aún más cualquier posible idea de una democracia.
Para intentar establecer una democracia real habría que romper esta lógica que hace que cada cuatro años se elijan nuevos “reyes”. Solo limitando su poder, limitando el alcance de los partidos políticos, se puede luchar contra su corrupción, contra su absolutismo y la transformación tan obvia que tenemos que hacen que la política se haya transformado en el chiringuito de unos pocos para hacer dinero y defender sus intereses, con puertas giratorias a las grandes compañías y otros modos de corrupción. Por supuesto, como toda élite, la élite política actual no está dispuesta a ceder a estos cambios (ya decía Maquiavelo que el único deber del Príncipe era defender e incrementar su poder) y defienden sus intereses y posiciones con todo el poder del Estado. Sin embargo, igual que el tiempo desajusta la interpretación de las leyes, también desajusta el poder de las élites y crea cambios sociales relevantes; hoy por hoy, las democracias representativas ya están obsoletas y solo se mantienen por el poder y el adoctrinamiento, resistiendo ante el embate de nuevas opciones como la democracia participativa o fuerte.
Por eso es tan importante la judicialización de la política, porque la judicatura tiene tendencia a ser conservadora: su función no es crear leyes nuevas (el futuro) sino velar por el cumplimiento de las que ya existen (el pasado). Y buena parte de las leyes que ejecutan son precisamente las que garantizan la nula separación de poderes, la falta de una democracia real y la corrupción del sistema. Pero ya decía Pareto que “la historia es un cementerio de élites” y a todas les llega su momento cuando el cambio social es demasiado fuerte como para resistirse.
Costán Sequeiros Bruna
Y tú, ¿qué opinas sobre la judicialización de la política?