Las recientes elecciones municipales han repetido lo visto en las andaluzas y creado un entorno múltiple muy complejo donde las minorías van a tener que verse las caras para buscar acuerdos. Y eso es bueno, porque en la medida en que distintos partidos estén en las comunidades y alcaldías, se refuerza la representación de distintos colectivos y las voces plurales que aseguran, con sus equilibrios, que nadie puede aplicar el rodillo más sórdido de la mayoría absoluta. Pero, pese a lo enormemente positiva que es la situación para la calidad de la democracia y para evitar abusos de poder, los pactos implican también muchos riesgos, especialmente para los partidos involucrados.
Esto se debe a que, durante cuatro años a partir de entonces, las imágenes de ambos partidos van a quedar unidas. Primero de todo, porque un pacto implica contradecir lo que a menudo se ha dicho en campaña: los partidos, durante las elecciones, demasiado a menudo se esfuerzan por insultar o descalificar a los enemigos para convertirlos en alternativas no viables, de modo que pactar con ellos después es a menudo visto como una enorme contradicción con sus propios discursos.
A menudo, se oye a las distintas instituciones señalar que hace falta realizar cambios estructurales profundos en la economía, en la organización del Estado del Bienestar, o en cualquier otro aspecto de la sociedad. Y que estos cambios, cada vez, son más urgentes. El Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, la ONU… todos ellos se pronuncian frecuentemente en este sentido. Sin embargo, al final nunca se producen. ¿Por qué?