Recogido en documentos de una gran importancia legal internacional como la Carta de las Naciones Unidas, o los Pactos Internacionales de los Derechos Humanos (pero, ojo, no en la Declaración Universal de los Derechos Humanos), el principio consiste en que cada pueblo tiene derecho a decidir por si mismo cómo va a ser gobernado. Esto implica, por un lado, que desde el exterior no se puede interferir en el gobierno de ese pueblo (y, por tanto, va vinculado al derecho a la no injerencia) y, por otro, implica internamente que un pueblo puede decidir abandonar un Estado y proseguir su camino juntos.
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