En el mundo actual, desde una punta al otro, cada vez es más fácil ver el modo en que la justicia (entendida como institución judicial, no como valor social en este caso) y la política van de la mano. Aunque usaré en este post los ejemplos de Trump en Estados Unidos y de la judicialización de la política en España, lo cierto es que es un fenómeno que va mucho más lejos.
El punto de partida de esta historia se encuentra en la manera en que se entiende en el presente la separación de poderes o, mejor dicho, la falta de la misma. En el siglo XVII y XVIII, cuando comenzaban las teorías que llevarían a las democracias modernas, una de las preocupaciones centrales de los filósofos de la época era el que el poder no se aglutinase en unas pocas manos, en un nuevo “rey”. La idea del mandato imperativo fue un paso importante aunque luego se deshiciese y pasase a constituirse el mandato representativo; y el otro de los principios centrales era la idea de la separación de poderes, que separaba en personas diferentes el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. La realidad que encontramos, sin embargo, es que la partitocracia es el sistema real que tenemos en el mundo actual, de modo que desde uno de los poderes se controlan todos los demás. En el caso español, los miembros del Tribunal Constitucional y el Supremo son nombrados, directa o indirectamente (a través del Consejo General del Poder Judicial) por el Congreso, que a su vez elige al Presidente del Gobierno, de modo que desde el Legislativo se controlan tanto el Ejecutivo como el Judicial. E incluso el cuarto poder, la prensa, se encuentra hoy en día alineada en sus líneas editoriales con ciertos partidos, como se ve claramente en la línea de Fox News en Estados Unidos. Así, el poder no está realmente en manos de la ciudadanía (la base de la democracia) sino en la de los partidos políticos que controlan las instituciones (de ahí que sea una partitocracia).